Pallade Veneta - Las dificultades del sistema judicial de Sudáfrica para hacer reinar la justicia

En los medios de comunicación sudafricanos se debate abiertamente la incapacidad de las instituciones para perseguir a los delincuentes en uno país cuya tasa de criminalidad está entre las más elevadas del mundo.

El 2 de enero, un violento incendio destruyó parte del Parlamento sudafricano. Las autoridades detuvieron a un hombre, pero según las investigaciones, estuvo en el lugar de los hechos durante horas antes de ser detectado por las cámaras de vigilancia.

El incendio provocó algunas interrogantes, que permanecen sin respuesta: ¿actuó por su cuenta? ¿cómo pudo producirse un fallo de seguridad de tal magnitud?

Gracias a los esfuerzos para poner fin a la corrupción que gangrenó el Estado bajo la presidencia de Jacob Zuma (2009-2018), el poder judicial cumple a rajatabla su papel de vigilante del ejecutivo.

Ejemplo de ello fue la orden dictada por el Tribunal Constitucional en julio, que pidió el ingreso a prisión del expresidente por negarse a comparecer ante una comisión de investigación sobre la corrupción estatal durante su mandato.

Pero la ola de disturbios que desencadenó la sentencia reveló la debilidades del sistema.

Los servicios de inteligencia de la policía no lograron predecir ni frenar estos disturbios, que dejaron más de 300 muertos, entre ellos personas pisoteadas durante saqueos en tiendas.

Seis meses más tarde, solo solo ocho personas han comparecido ante los tribunales, según la unidad de élite de la policía.

"La gente cree que puede salirse con la suya", dijo una fuente policial. "Creen que la policía es incapaz de investigar sus casos y llevarlos ante la justicia", agregó.

Además, tras los disturbios, el actual presidente Cyril Ramaphosa suprimió el Ministerio de Seguridad.

- "Captura de Estado" -

Pero antes de acoger la Copa del Mundo de 2010, Sudáfrica había invertido en la vigilancia policial y había conseguido reducir la delincuencia, según el Instituto de Estudios de Seguridad (ISS), con sede en Pretoria.

Sin embargo, entre 2012 y 2021, el número de asesinatos aumentó un 37%, subraya Gareth Newham, del ISS.

"Ha habido un gran deterioro en el funcionamiento del sistema de justicia penal desde 2009, cuando Jacob Zuma llegó a la presidencia", asegura el experto.

Durante este periodo, el presupuesto de la policía aumentó un 65%, pero la mayoría de ese gasto adicional simplemente cubrió los aumentos de sueldo del cuerpo de seguridad.

Los efectivos policiales se redujeron en un 6% y los reservistas un 77%, señala Newham.

Además, el expresidente empezó a nombrar sistemáticamente personas leales para dirigir la policía, la fiscalía y las agencias de inteligencia.

El grado de corrupción era tan elevado que los sudafricanos calificaron el fenómeno de "captura del Estado".

"Entre 2009 y 2018, si estabas en un grupo criminal involucrado en la captura del Estado, había una sensación de que te saldrías con la tuya", agrega Guy Lamb, politólogo de la Universidad de Stellenbosch.

En ese periodo se produjeron casos tan sorprendentes como el asesinato de Senzo Meyiwa, el capitán de la selección nacional de fútbol muerto a balazos en la casa de su novia en 2014.

La policía dijo que había sido un robo que había terminado mal. Pero hoy en día, las autoridades apuntan a un asesinato premeditado. El caso es que ocho años después, el crimen sigue sin resolverse. El presunto sicario, condenado el martes por otros asesinatos, aún no ha sido juzgado.

Según Lamb, los retrasos en la persecución de la delincuencia, ya sea la corrupción de alto nivel o los asesinatos de tipo mafioso, se deben a la falta de personal.

La fiscalía negocia para obtener recursos adicionales, pero en un país en recesión incluso antes de la crisis de Covid, las arcas están vacías.

N.Tartaglione--PV